En una jornada significativa, el Senado brasilero dio luz verde al proyecto de ley 2788/2019, estableciendo la tan esperada Política Nacional de Derechos de las Poblaciones Afectadas por Represas (PNAB).
La movilización de los afectados, provenientes de distintas regiones del país, alcanzó su punto álgido durante la reciente Jornada de Luchas organizada por el Movimiento de Afectados por Represas (MAB). Joceli Andrioli, de la coordinación nacional del MAB, expresó: «El próximo paso es la sanción del presidente Lula».
Tras acuerdos entre senadores de distintas corrientes políticas, la votación se llevó a cabo de forma simbólica, sin ningún voto en contra. Esta colaboración entre los afectados y los parlamentarios fue fundamental para asegurar la aprobación en la Comisión de Servicios e Infraestructura del Senado, la última etapa antes de llegar al pleno.
Trayectoria Legislativa del Proyecto PL 2788
El proyecto de ley, conocido como PL 2788, aborda tanto los derechos de las familias como las responsabilidades de las empresas detrás de proyectos industriales, mineros y plantas hidroeléctricas.
Este estancamiento duró desde abril del año pasado hasta que una articulación eficaz logró su retorno a la agenda legislativa. Durante su paso por la comisión, el texto fue aprobado sin modificaciones en las garantías y deberes establecidos, realizándose únicamente enmiendas de redacción para clarificar algunas disposiciones.
Las aprobaciones del proyecto marcan un avance significativo para las víctimas de accidentes en represas de relave en todo Brasil, ya que hasta ahora carecían de legislación específica.
Camino hacia la sanción presidencial y vigencia legal
La PNAB establece que las empresas responsables de los proyectos deben financiar un programa de derechos humanos para las poblaciones en los territorios impactados por las represas.
Las empresas también asumen obligaciones relacionadas con el financiamiento de acciones específicas para grupos más vulnerables, como mujeres, ancianos, niños, personas con discapacidad, poblaciones indígenas y comunidades tradicionales, así como para los trabajadores y trabajadoras de las propias empresas.
Esta aprobación representa un paso significativo hacia la protección de los derechos de las poblaciones afectadas por represas en Brasil.
La atención se centra ahora en la sanción presidencial por parte de Lula, un paso crucial para convertir este proyecto en ley. La sociedad brasileña aguarda con expectación la firma que pondrá en acción esta política histórica, que redefine los derechos de las poblaciones afectadas por represas y establece responsabilidades claras para las empresas involucradas.
