Para que los gobiernos del Sur Global puedan frenar la pérdida de biodiversidad en sus territorios, es esencial que logren una mayor autonomía del sistema financiero y político internacional. Esta es la conclusión principal de un reciente estudio que investigó el impacto del sector financiero y monetario internacional en la biodiversidad en cinco países: Argentina, Colombia, Jamaica, República Democrática del Congo y Papúa Nueva Guinea. El estudio, realizado por expertos del Centro de Justicia Climática (CCJ) de la Universidad de Columbia Británica, el Proyecto Climático y Comunitario (CCP) y la Red del Tercer Mundo (TWN), destaca cómo el sistema actual favorece el extractivismo, poniendo en riesgo la diversidad biológica en estos países ricos en recursos naturales.
Presión extractiva y estabilidad económica
Según el informe, aunque la pérdida de biodiversidad está intrínsecamente ligada a la extracción de recursos naturales, los gobiernos del Sur Global continúan aprobando y expandiendo proyectos extractivos para atraer y mantener la inversión extranjera, crucial para sus economías. Patrick Bigger, director de investigación del CCP, explicó: «Nos propusimos analizar por qué los gobiernos del Sur Global fracasan sistemáticamente en lograr objetivos y metas de biodiversidad. En lugar de enfocarnos solo en la minería y la agricultura industrial, estudiamos los motores directos que crean los imperativos de aprobar y expandir estas actividades dañinas, incluyendo el sistema monetario internacional, la arquitectura de la deuda mundial y las normas tributarias transnacionales».
El estudio revela que la estructura y las reglas de la economía global actual limitan la capacidad de los gobiernos del Sur Global para establecer prioridades políticas soberanas, como la conservación de la biodiversidad, la acción climática, la salud y la educación. «Los gobiernos de estos países están restringidos a condiciones de subordinación fiscal y monetaria», afirmó Bigger. Esta subordinación fiscal y monetaria pone en conflicto la estabilidad financiera con la estabilidad ecológica, un desafío que se observa claramente en los países estudiados.
Caso de Colombia y Argentina
Jessica Dempsey, de la Universidad de Columbia Británica y autora principal del estudio, señaló que en Colombia, comprometida con la transición de los combustibles fósiles, enfrenta limitaciones estructurales debido a acuerdos comerciales y de inversión. En Argentina, la globalización ha exacerbado la relación entre flujos financieros y actividades extractivas de recursos naturales. Fernando Peirano, economista argentino, explicó que esta convergencia ha incrementado el poder de las grandes corporaciones multinacionales y debilitado los Estados nacionales, lo que ha llevado a una ineficacia de las instituciones multilaterales para generar reglas globales para problemas planetarios.
En Argentina, la expansión de la industria de la soja ha sido promovida por sucesivos gobiernos como un modelo de desarrollo económico. Sin embargo, Ana Di Pangracio, especialista en política ambiental, criticó este modelo por no mitigar la crisis financiera y económica actual, exacerbando los daños a la biodiversidad y los conflictos socioambientales. «Es un modelo que genera más pobreza y dependencia», afirmó Di Pangracio en un webinario donde se presentó el informe.
Un camino hacia el desarrollo sostenible
Para que se produzcan resultados transformadores, el informe sugiere una modificación de las estructuras políticas y económicas que hacen que la extracción sea rentable y, para muchos Estados, necesaria para mantener su estabilidad económica. Dempsey espera que en la próxima Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) en Colombia, los gobiernos tomen decisiones que aborden el papel de la deuda y la justicia tributaria en la pérdida de biodiversidad.
Más allá del impacto negativo de las políticas económicas internacionales, Marc Dourojeanni, especialista en bosques tropicales, señaló que la inequidad y la pobreza son las principales causas de la ineficiencia de políticas de conservación en los países andino-amazónicos. En Perú, por ejemplo, la deforestación es causada principalmente por campesinos pobres y mineros ilegales, quienes son empujados a estas actividades por la pobreza.
Peirano sugiere que las oportunidades de desarrollo sostenible en el Sur Global pasan por forjar un modelo productivo que cuente con el apoyo de la ciencia y la tecnología para impulsar actividades industriales basadas en el uso de recursos naturales. «Se requiere de una ciudadanía activa y bien informada para que la política, y no el mercado, vuelva a delinear un horizonte auspicioso», concluyó. Un enfoque regional y colaborativo en América Latina podría ser clave para un desarrollo inclusivo y sostenible.