En la mayoría de los países de América Latina, la interferencia de la industria tabacalera en las políticas para reducir el consumo de tabaco ha aumentado significativamente. Según el Índice para América Latina y el Caribe, esta interferencia incluye tácticas como «sabotear procesos políticos y legislativos, exagerar la importancia económica de la industria» y difundir información para proyectar «respetabilidad».
Este índice, elaborado por el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC), evalúa cómo los gobiernos de 17 países de la región responden a la interferencia de la industria tabacalera. La encuesta, que ha sido realizada anualmente durante los últimos tres años, se basa en el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS.
Avances y retrocesos: resultados del índice 2023
En la edición 2023 de este índice, se destaca que, a pesar de un aumento en la interferencia de la industria tabacalera en comparación con 2021, seis países lograron mejorar sus acciones. Sin embargo, Costa Rica, Honduras y Uruguay experimentaron un aumento en la interferencia, mientras que República Dominicana, Colombia, Argentina, Paraguay y Honduras se mantuvieron liderando el índice.
República Dominicana, según el informe, incluso cuenta con una ley que declara al tabaco y al puro dominicano como patrimonio cultural. Esta peculiaridad refleja el desafío que enfrentan algunos países al equilibrar la preservación cultural con la necesidad de implementar políticas de salud pública que protejan a la población de los riesgos asociados al consumo de tabaco.
Estrategias verdes: la táctica de la industria en Guatemala
El informe señala casos específicos, como en Guatemala, donde una tabacalera alega apoyar la lucha contra el cambio climático invitando a los usuarios de vapeadores a llevar sus dispositivos usados para reciclarlos. Estas estrategias resaltan la creatividad de la industria para proyectar una imagen favorable mientras busca mantener su influencia.
México, a pesar de reducir la interferencia en comparación con años anteriores, enfrenta obstáculos. Aunque en 2021 implementó reformas significativas a la Ley General para el Control del Tabaco, la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo en contra de la prohibición de la comercialización de vapeadores, evidenciando tensiones entre la salud pública y los intereses comerciales.
El arte de la interferencia: Honduras y su puro artesanal
Honduras, otro país líder en interferencia, destaca por declarar el puro artesanal como «patrimonio cultural intangible de la República». Estas declaraciones subrayan la complejidad de proteger la salud pública cuando ciertos productos se asocian estrechamente con la identidad cultural de un país.
El índice de 2023 revela que la industria tabacalera ha intervenido incluso en el Tratado del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente sobre Contaminación de Plásticos. Este tratado, que considera los daños ambientales causados por la industria del tabaco, destaca la necesidad de abordar la contaminación derivada de los filtros de cigarrillos, cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Décima conferencia crucial: Perspectivas para el CMCT
La próxima décima conferencia de las partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco en febrero de 2024 adquiere especial relevancia. Los países presentarán propuestas, y según Keltie Vance, directora adjunta de campañas en Corporate Accountability, es esencial que desarrollen políticas que rechacen alianzas con la industria tabacalera, priorizando el derecho a la salud sobre la libertad de comercio.
La OMS recientemente destacó la necesidad de regular los cigarrillos electrónicos. En Colombia, se reportaron 59 muertes relacionadas con el vapeo entre 2020 y 2022. Jeadran Malagón-Rojas, médico especialista en salud pública, subraya la falta de evidencia que respalde la afirmación de que los vapeadores son 95% más seguros, y destaca la necesidad de regulaciones más estrictas para proteger la salud pública.
Vía: SciDev
